Siguiendo en la línea de la plataforma SOS campiña de Jimena, de interactuar con las fuerzas políticas y asociaciones ciudadanas, y gracias a las gestiones realizadas por la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, el miércoles 16 de junio, asistimos a una reunión con el Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en la sede del Parlamento Andaluz en Sevilla.
Asisten a la reunión: el consejero de industria y energía Juan bravo y sus asesores, las parlamentarias andaluzas Ángela Aguilera y Vanessa García de Adelante Andalucía, Marisa Casal de la Asociación Valle Natural Río Grande de Málaga, así como Salvador Campos, y por la Plataforma SOS Campiña de Jimena Eduardo Navarro, Juan José Rebolledo y José Serrano.
Agradecemos al consejero y a las parlamentarias andaluzas la celeridad con la que han conseguido formalizar esta reunión, en la que durante una hora y media se le traslada al consejero, las inquietudes de ambos colectivos, sobre los problemas a nivel ambiental, paisajístico, arqueológico, etnográfico y económico, que llevarían consigo la aceptación de estos proyectos. El consejero amablemente nos dice que sus competencias se limitan a las desarrolladas por su consejería, en este caso industria y energía. Desde la plataforma se apunta que el cambio de vocación del suelo, que se pretende con el desarrollo de los megaproyectos, tendría un efecto negativo sobre el tejido productivo local, mayoritariamente agropecuario y de turismo rural, añadiendo la pérdida del valor de la vivienda, que se deja notar desde la misma actualidad. Que la implantación de los proyectos conlleva una serie de efectos colaterales sobre el empleo, el uso sostenible de los recursos y la economía local. Dado que la superficie planteada nos parece desmesurada para una comarca y una localidad como la nuestra, se le traslada que las energías limpias deben ser promocionadas, pero de una forma distribuida y bajo el amparo de una normativa que las regule, ya que consideramos que estos proyectos se deben más a un interés especulativo, que al de contribuir a la transición ecológica hacia las energías no contaminantes.
Pensamos que es necesaria una regulación desde la administración de la comunidad autónoma andaluza, para que los macroproyectos sean distribuidos en el territorio de una forma equitativa y con menos impactos. El consejero nos advierte, que en este tipo de proyectos la Junta de Andalucía no tiene competencias reguladoras, ya que estas recaen sobre el ministerio de industria y sobre los ayuntamientos, que desde sus respectivas atribuciones pueden hacer declaraciones de impacto ambiental negativas y en el caso de los ayuntamientos suspender temporalmente las licencias hasta desarrollar una regulación local.
Desde la plataforma se le trasladó la preocupación por la indefensión que parte de la ciudadanía tiene ante estas actitudes, y que pensamos que la administración autonómica debería desarrollar una normativa específica ante el “boom” fotovoltaico que nos está invadiendo, que en particular al Campo de Gibraltar lo transformaría en una colonia energética al servicio de intereses de multinacionales y fondos de inversión.
Le agradecemos su tiempo y le reiteramos que acudimos a nuestro gobierno autonómico para obtener ayuda, como ciudadanos andaluces que se sienten hormigas ante los gigantes energéticos a los que nos enfrentamos.
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